El
día 15 de octubre de 2013, con motivo de un acto al que asistieron la actual
reina, Leticia Ortiz, La Presidenta del Gobierno de Aragón y la Consejera de
Educación en el Instituto público de Huesca “I.E.S Pirámide” (y al que en
principio también iba a asistir el entonces ministro José Ignacio Wert), se
convocó una concentración pacífica en la Escuela Politécnica Superior para
denunciar los recortes en educación.
Esta
concentración, que contaba con el permiso de la dirección de la Escuela
Politécnica, estuvo desde primera hora de la mañana marcada por un desmesurado
despliegue policial y una actitud por parte de los agentes intimidatoria y
amenazante.
En el momento en el que la Reina hizo aparición, un
agente que formaba parte del cordón policial amenazó y quitó un silbato a una
estudiante. Cuando este fue reclamado, el agente se negó a devolverlo y no se
insistió más en el tema, concluyendo la concentración sin incidentes.
A los dos meses la Policía Nacional se presentó en el
centro de trabajo de una compañera de Huesca y le entregó una sanción con falta
grave que asciende a 1000 € por “incitar a la gente a ir en contra de la
policía”. Esta compañera en ningún momento fue identificada ni detenida durante
la protesta.
¿Por qué no fue identificada o detenida en el acto dada
la supuesta gravedad de los hechos? La respuesta es clara: no se trata más que
de una maniobra para frenar la protesta generando miedo, mediante sanciones aleatorias que
sirvan de ejemplo para tenernos calladas.
Y además, ¿Cómo conoce la Policía su nombre, apellidos
y centro de trabajo? ¿Cuáles están siendo los mecanismos que emplean para
identificar a las personas que participan en las protestas sociales que se
realizan en Huesca?
Por desgracia, éste no es un hecho aislado. En los
últimos tiempos, coincidiendo con un aumento de las protestas ante las
agresivas políticas de mercados y gobiernos, no han parado de producirse casos de
represión: multitud de multas, detenciones arbitrarias, montajes y hasta
encarcelamientos. Todo esto se ha visto agravado mediante la reforma del código
penal o la aprobación de leyes como la “ley mordaza” que ha sido duramente
criticada por organismos internacionales como la ONU.
Ante
estos hechos, no estamos dispuestas a quedarnos quietas, así que seguiremos defendiendo el derecho a expresarnos y
manifestarnos, especialmente en momentos como éste, ahogados por las
injusticias sociales. Seguiremos defendiendo cada uno de
nuestros derechos ejerciéndolos libremente, derechos
que son universales.
Nos
posicionamos haciendo frente a estos
hechos injustos y animamos a todas las personas que creen que
otro mundo es posible a expresarse sin temor,
porque si nos quieren amordazadas y divididas, ¡nos tendrán juntas y en las calles!
