Ayer,
día 9 de febrero, alrededor de 40 personas acudieron a la concentración
convocada a las 20:00 h en la plaza Navarra por las asambleas
estudiantiles de Huesca como muestra apoyo a los jóvenes que se
enfrentaron a 7 meses de cárcel por participar en una huelga
estudiantil.
El juicio se celebró por la mañana a las 9:45 en
el Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza, y aunque el ministerio
fiscal pidía 7 meses de prisión para los jóvenes huelguistas fueron
absueltos de la pena de cárcel pero se les adjudicó una multa de 150€ a
cada uno.
La concentración denunciaba los continuos casos de
represión que se están sufriendo actualmente cuyo único objetivo es la
persecución y criminalización de la protesta.
Los estudiantes
exigían la dimisión del equipo rector de la Universidad de Zaragoza, con
Manuel López a la cabeza, quien ha permitido y fomentado la entrada de
la policía dentro del recinto universitario reprimiendo las protestas
estudiantiles.
Ante estos graves hechos, la comunidad
universitaria no puede ni debe permanecer impasible. La universidad es
un espacio para el estudio, la crítica, la reflexión y la libertad y no
para la represión ni las prácticas dictatoriales.
En la concentración se dió lectura al siguiente comunicado:
La persecución y represión hacia el movimiento juvenil combativo sigue creciendo. Esta mañana se ha realizado el juicio contra los dos jóvenes que fueron detenidos durante una de las Huelgas estudiantiles, en Zaragoza. El Ministerio Fiscal pedía 7 meses de prisión para los dos jóvenes huelguistas, estos han sido absueltos de la pena de cárcel pero se les ha adjudicado una multa de 150€ a cada uno.
Gregorio y Samuel acudieron el día 24 a la huelga estudiantil que se convocó en todo el Estado y mientras se encontraban en el interior del campus universitario, cerca de una de las puertas, miembros de Unidad de Intervención Policial entraron en el recinto del Campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza para reprimir las protestas -bajo permiso de Rectorado-, con la intención de detener a alguien a toda costa. Cuando los policías entraron al campus, cogieron a las dos personas que más cerca se encontraban y fueron automáticamente detenidas. Uno de ellos sufrió lesiones como consecuencia de la detención. Los dos detenidos son acusados de un delito de resistencia, cuando en realidad no opusieron ningún tipo de impedimento a la hora de su detención ni a la entrada de los agentes en el campus.
Este no es un hecho aislado. Una compañera de Huesca se enfrenta a una sanción grave por valor de 1000 euros acusándola de “la provocación de reacciones en el público que alterasen la seguridad ciudadana”, durante el transcurso de una concentración pacífica con motivo de la visita de la princesa al I.E.S Pirámide. Nuestra compañera no fue identificada dicho día, por lo que es de dudosa legalidad la adjudicación de la sanción posterior hacia su persona, ya que si tales hechos fuesen ciertos no se entiende porque no fue identificada o detenida en el acto dada la gravedad de la sanción.
Durante la última huelga estudiantil, además, por orden del rectorado se dificultó la difusión de la misma, que finalizó con la identificación de 45 estudiantes y tres denuncias dentro del campus universitario.
De esta forma intentan amedrentar a la juventud organizada que protesta frente a los recortes y las desigualdades que este sistema genera.
Como estudiantes exigimos la dimisión del equipo rector de la Universidad de Zaragoza, con Manuel López a la cabeza, quien ha permitido y fomentado la entrada de la policía dentro del recinto universitario reprimiendo las protestas estudiantiles.
Ante estos graves hechos, la comunidad universitaria no puede ni debe permanecer impasible. La universidad es un espacio para el estudio, la crítica, la reflexión y la libertad y no para la represión ni las prácticas dictatoriales.
Otra muestra de la intención del Gobierno de criminalizar y reprimir de una forma todavía más contundente a quienes luchan, es la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, mejor conocida como Ley Mordaza, en la que aumenta las penas de prisión y las penas económicas por todo tipo de actividad de protesta. Claro ejemplo de esto es la condena a 4 años de prisión para el joven madrileño Alfon, también por su participación en una huelga.
El objetivo de todas estas condenas es poner freno a la movilización, atemorizar a aquellas personas que nos manifestamos e intentar que la juventud combativa abandonemos la lucha contra este sistema injusto, contra sus recortes y sus políticas neoliberales. Pero no nos callarán, hoy más que nunca tenemos que demostrar nuestra solidaridad con quienes sufren la represión del Estado.
¡BASTA DE REPRESIÓN! ¡BASTA DE CRIMINALIZAR LA LUCHA!
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