La mercantilización de la educación superior en Europa.
Acción Social Sindical Internacionalista
La política de Educación Superior que la UE está desarrollando contiene numerosos planos y
dimensiones, realidad que provoca una gran complejidad para su análisis y estudio en términos
globales. El sinfín de documentos relacionados es tal que parece inabordable: directivas y
comunicaciones de la Comisión Europea al Consejo o Parlamento europeos, la relación que guardan
con las propuestas neoliberales de organismos como la OMC, el BM, la OCDE o el FMI, su
concreción en otras tantas propuestas de reforma, regulaciones o normativas por parte de cada uno
de los Estados miembros de la UE...
La diversidad de fuentes documentales, su dispersión y las implicaciones políticas adquieren unas
dimensiones que quienes hemos tratado de analizarlo con seriedad y con todas las limitaciones
propias de quienes realizamos este trabajo desde la militancia, no hemos podido sino confirmar la
incapacidad de los movimientos y organizaciones sociales para seguir el ritmo de nuestros
enemigos, con ejércitos llenos de juristas, técnicos especialistas y políticos de mayor o menor rango
entregados a la labor de convertir la educación en un negocio económico y político, que sirva a los
intereses de las actuales democracias de libre mercado.
Estas limitaciones reales son también la clave para hacer accesible la trasmisión de la información
que estamos analizando a todo aquel que quiera entender algo mejor los negros caminos hacia
donde nos están dirigiendo los actuales gobernantes y aquellos a quienes sirven. Es la clave porque
precisamente es esa limitación la que nos permite presentar aquí un análisis que lejos de tener
grandes pretensiones, como sería el intento de dilucidar todos los vericuetos de la estrategia de
mercantilización de la educación superior y los muchos mecanismos con que llevarla a efecto, lo
único que pretendemos es transmitir y compartir alguna de las cuestiones que hemos ido estudiando
en los últimos tiempos, las conclusiones a las que hemos llegado y la manera en que entendemos
deben ser confrontadas.
Hablar del origen de la estrategia neoliberal de ataque a la educación pública en Europa no es
sencillo, aunque sí podemos afirmar que el intento por convertir la educación en un mercado para
explotarla en todas sus vertientes (ponerla al servicio del crecimiento económico capitalista y hacer
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de ella un negocio en sí misma), tiene un importante recorrido en todo el mundo.
Por poner una
fecha desde la que empezar a desgranar cuál está siendo ese recorrido podemos hacer referencia a
alguno de los documentos clave del Banco Mundial y de la OMC que sientan las bases sobre las que
se desarrolla la doctrina neoliberal en la Educación Superior en buena parte del mundo.
En concreto, el BM publica en 1994 el informe “La enseñanza superior: las lecciones derivadas de la
experiencia” y poco después, en 1998, aparece en un documento restringido del Secretariado de la
OMC la idea de que, en la medida en que los Estados acepten la existencia de proveedores privados
de educación, ésta podría ser considerada como servicio comercial y, por tanto, quedar regulada por
el AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios). Sólo un año después, en 1999, la
educación quedaba incluida en el AGCS como servicio susceptible de ser liberalizado.
Pero si las implicaciones que los AGCS y la OMC tienen en los derechos sociales son bastante
conocidas, no ocurre lo mismo con las propuestas del BM para la reforma de la Educación Superior,
aún siendo éstas las que mejor nos permiten entender la mayor parte de los acuerdos políticos que
se están desarrollando desde hace ya más de 10 años en los estados miembros de la Unión
Europea.
Aquel informe del BM nos permite hoy afirmar que la estrategia neoliberal se ha diseñado a nivel
mundial, aunque evidentemente no de la misma manera. En este sentido nos hemos encontrado con
experiencias como las de Colombia y otros países periféricos, en los que las reformas se han
impuesto a través de los planes de ajuste derivados de los créditos del BM o de los acuerdos con el
FMI, mientras en la Europa del Capital, fiel a su naturaleza, los gobernantes han sido quienes se han
adherido por voluntad propia y de manera entusiasta a las directrices de estos organismos.
En cuanto a las orientaciones dadas por el BM nos interesa una rápida mirada, no con el objetivo de
analizar las mismas sino como fundamento de la denuncia que llevamos años realizando sobre el
paralelismo existente entre las propuestas del BM y la reforma estructural implementada por la Unión
Europea desde 1999. Estas orientaciones, ofrecidas como solución al análisis de la crisis de la
Educación Superior que efectúa el BM y cuyos causantes determina, son el aumento de la demanda
(es decir, estudiantes), la falta de incremento en la financiación (pública), el aislamiento de las
nuevas necesidades de la sociedad (sociedad como empresa) y las deficiencias en calidad (calidad
en términos mercantilistas), eficiencia y productividad.
Un análisis exclusivamente economicista que visto con mirada crítica permite encontrar en sus
propuestas las bases sobre las que se construirá el mercado de la educación. Las principales de
estas orientaciones, en torno a las que se definen las reformas concretas, aluden a una serie de
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necesidades: fomentar la mayor diferenciación de las instituciones de educación superior,
incrementar la financiación del sistema a través de la diversificación de las fuentes de financiación y
redefinir la función del gobierno en la enseñanza superior.
Hoy, más de 15 años después de la publicación de este informe, algunos de los principales proyectos
que el Gobierno de España está elaborando y desarrollando son el Proyecto Campus de Excelencia,
que impulsa la especialización y diferenciación de centros; el nuevo modelo de financiación del
sistema universitario, que consolida la diversificación de las fuentes de financiación, tendencia
compartida por la recientemente aprobada de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, y
un proyecto de redefinición del gobierno de las Universidades, con su máxima expresión en el
documento todavía caliente, elaborado entre la CRUE y la Fundación Conocimiento y Desarrollo,
presidida por Ana Botín.
Todos estos elementos están del mismo modo incluidos tanto en documentos europeos que informan
acerca de las aportaciones que la empresa puede hacer a la Universidad (en formación,
investigación y gestión) como en la Estrategia Universidad 2015, actual documento marco de los
Ministerios de Educación y de Ciencia e Innovación para cumplir los acuerdos de la UE sobre la
reforma de la Educación superior y su puesta al servicio del los intereses del productivismo y el
crecimiento económico.
¿Pero cuál es esa política europea para la Educación Superior?
Identificarla es cuestión de hacer un
repaso por alguna de las líneas estratégicas que a día de hoy están presentes en los planes,
principalmente los planes económicos, de la UE.
Utilizar el conocimiento obtenido en las Universidades e instituciones de educación superior para la
competitividad de la economía europea.
La UE ha ido configurando desde los inicios de esta década una determinada política económica que
introducía cambios significativos a partir de la Estrategia de Lisboa acordada en el año 2000. El
principal objetivo, conocido por todos, ha sido -y sigue siendo- convertir Europa en la economía
basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo.
Es a partir de este objetivo cuando las Universidades cobran un papel fundamental para la UE,
hecho reflejado en los numerosos documentos que se van elaborando y en los que se van
estableciendo las modificaciones que deben implementarse para lograr una modernización de estas
instituciones. ¿Una modernización para qué? Ésta sería la pregunta necesaria, porque los
defensores del conocido como Plan Bolonia o Espacio Europeo de Educación Superior, presentaban
esta propuesta de modernización como la oportunidad para la Universidad de alejarse de un modelo
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anclado en el pasado en relación al aprendizaje, a las rígidas estructuras estamentales de los
Departamentos, a las frecuentes prácticas de nepotismo... La realidad es bien distinta y queda
evidenciada por la única idea reiterada que subyace en las diferentes propuestas europeas.
Nos
estamos refiriendo a una “modernización de las universidades con vistas a la competitividad de
Europa en una economía mundial del conocimiento”, según sus propias comunicaciones.
La principal implicación de este planteamiento es la consideración del conocimiento como una
materia prima más, como un producto susceptible de ser explotado por la industria para mejorar su
propia competitividad en la economía mundial.
En esta dirección, las Universidades cobran un papel
fundamental como productoras de ese conocimiento y como departamentos de I+D al servicio de las
empresas.
Esta nueva forma de concebir la participación de las universidades busca, en palabras del Secretario
de Estado de Universidad del Gobierno español, “que las universidades aumenten significativamente
los resultados de sus investigaciones y proyectos y, al mismo tiempo, tanto el sector público como el
privado desarrollen acciones estratégicas de cooperación en innovación e internacionalización
enmarcadas hacia el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas”.
Esta modernización de
las universidades, pues, permite a las empresas convertirse en aspiradoras beneficiarias del
producto estrella, el conocimiento obtenido a través de la investigación, en aras de la mejora de la
competitividad.
La estrategia económica recién presentada por la Comisión europea, el Plan Europa 2020 continúa
esta tendencia. El impulso decidido para lograr un sistema universitario mejor financiado y para
incrementar el valor del conocimiento generado en la Universidad es la evidencia del pleno desarrollo
de los planes neoliberales.
Pero el objetivo de exprimir a las universidades no queda ahí. La formación es el otro “activo” al que
sacar provecho. Sirva de ejemplo las propias directrices que da la UE para que la formación en la
universidad responda a las necesidades de empleabilidad del alumnado, es decir, a las necesidades
de un mercado laboral que requiere personas cuya formación responda exclusivamente al papel que
van a desempeñar como mano de obra. Un ejemplo concreto, la sustitución de la licenciatura de
Humanidades en Huesca por el grado de Turismo, o la aprobación en la U. San Jorge de Zaragoza
del grado en Administración y Dirección de Empresas Hoteleras. Ambas titulaciones muy
convenientes para un territorio que está basando su desarrollo en el sector turístico.
Convertir la educación en producto de consumo regido por las normas del libre mercado.
Si en las líneas anteriores hemos hablado de la Universidad al servicio de los intereses
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empresariales, hablamos ahora de la organización de la educación superior como un mercado en el
denominado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que, con tan sólo unos pocos
requisitos ya cumplidos, alcanza a día de hoy una consolidación a la que se ha llegado con total
facilidad.
En la tarea de presentar, y vender, a la opinión pública los beneficios de la construcción del EEES se
ha conseguido que interioricemos como nuestras mayores aspiraciones y, sobre todo, como
aspiraciones naturales la calidad y la libertad de elección, conceptos ambos que son parte de los
planteamientos de la doctrina liberal en Política de la Educación. En esta línea de pensamiento, la
eficiencia aparece como la única vía para una gestión de calidad; las evaluaciones externas como
garantes de la calidad educativa; la movilidad por Europa y la comparabilidad de los sistemas
educativos como requisito imprescindible para el futuro profesional; los rankings publicados a nivel
mundial como los garantes del libre acceso a la información, la autonomía como la máxima expresión
de libertad para las Universidades y los créditos ECTS como la reforma metodológica más
progresista de la historia por un lado y por otro, como la posibilidad de comparar -que no homologar-
las titulaciones.
Con este planteamiento quienes nos hemos atrevido a cuestionar esta reconversión de la educación
superior, somos vistos como enemigos del progreso en una mediática estrategia vacía de contenido
por parte del poder. Sin embargo, en los espacios en los que se nos ha permitido debatir -con el
tiempo suficiente- sobre todas estas banderas en favor de la libertad y la calidad, son espacios que
han tenido que rendirse ante la evidencia.
Y es que todos estos elementos desde la autonomía hasta la movilidad, pasando por la
comparabilidad de las titulaciones, los créditos ECTS o la calidad son los requisitos que
mencionábamos hace un momento para la construcción del mercado de la educación.
Cuando empezábamos a preguntarnos por aquello que llamaban proceso de convergencia o espacio
europeo no sabíamos cómo dar sentido a los numerosos elementos con que nos íbamos
encontrando, hasta que de la manera más sencilla, durante una conversación con César Cascante
nos puso todas las piezas en su sitio: en un mercado todo lo que se necesita es un producto, libertad
de oferta, libertad de elección, productos diferenciados para que tenga sentido esa elección, libre
competencia entre los proveedores y una moneda común en base a la que poder realizar los
intercambios.
Esto es lo que se ha buscado en Europa y sus promotores han podido llevarlo a cabo
sin prácticamente obstáculo alguno.
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Así, la educación se convierte en producto que vender, las universidades en proveedoras del mismo,
los estudiantes en clientes demandantes del producto (eso sí con derecho a elegir entre los ofertados
aquel que consideren mejor para sus intereses) y una moneda común, razón de ser de los ECTS.
Con estas bases, sólo queda introducir una serie de elementos con los que garantizar la libre
competencia que posibilite la diferenciación progresiva del producto y con ella la definitiva puesta en
marcha del mercado. No hay otra manera de explicar el fervor con que se ha fomentado desde el
poder una supuesta autonomía que no está sirviendo sino al interés de crear productos educativos
diferenciados y adaptados a las necesidades que ellos mismos denominan sociales (y con las que se
refieren en exclusiva a las necesidades empresariales).
El caso español es paradigmático en este
sentido, como señalaremos más adelante.
El último objetivo clave establecido en las sucesivas reuniones de Ministros europeos de Educación
en el proceso de construcción del EEES es la calidad y la excelencia. Hablábamos antes de la
calidad como fin, como aspiración lógica y natural de cualquier práctica, y así es como está calando
en la comunidad educativa y universitaria. Pero si aceptamos esta premisa (cosa que podría ser
discutible), seguro que el concepto de calidad quedaría dotado de un significado actualmente
pervertido por el que se da desde Europa. No es una simplificación afirmar que lo único que hace
Europa es una aplicación rigurosa tanto de los modelos organizativos llamados de gestión de la
calidad como de las propuestas elaboradas por el BM en esta materia.
Estas propuestas, en resumen, plantean una transposición de la lógica de gestión de las
organizaciones empresariales a las organizaciones educativas.
La calidad no significa nada por sí
misma, sino que requiere de un sistema de referencia o evaluación de la calidad para que el
concepto adquiera sentido. Y ahí está la trampa: un análisis relativamente superficial confirma que
los criterios establecidos de evaluación de la calidad están actuando como mecanismo de control
para dirigir a las Universidades hacia la adopción, “autónoma” eso sí, de las reformas neoliberales
respecto a investigación, docencia y gestión (a partir de ahora definida como gobernanza).
Construir la nueva ciudadanía europea.
Los intentos por avanzar en la unión política de Europa como parte del proceso de construcción de la
UE han sido un tremendo fracaso cuando se ha pretendido alcanzar dicha unión de manera
acelerada y artificial desde los gobiernos sin contar con la población.
A día de hoy, esta idea de construcción artificial ha quedado de lado y se propone una construcción
de un pueblo europeo “desde abajo”, aunque pensado desde arriba y con todas las armas de las que
se dispone. En concreto, la estrategia para las Universidades se está encaminando principalmente,
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según sabemos, en la subvención, financiación e incluso obligatoriedad de intercambios y proyectos
de investigación compartidos por Departamentos de varios países europeos por un lado, y por otro,
la promoción de la movilidad de estudiantes, becarios e investigadores por el diferente territorio
europeo. También en la Declaración de Bolonia de 1999, y que abrió el camino para la construcción
del EEES, es muy identificable este propósito.
¿Y en el Estado español?
La realidad es que en el Estado español se están concretando cada una
de las propuestas del BM y de la UE con una eficiencia espectacular. Desde que el PP lanzara su
propuesta de Ley Orgánica de Universidades en 2001 y con las reformas posteriores del PSOE, la
estrategia neoliberal está avanzando a un ritmo vertiginoso. Entre otras razones a nuestro parecer,
por la falta de resistencia y confrontación directa que, desde la llegada al poder del PSOE y a
excepción del año pasado, está habiendo desde la izquierda anticapitalista.
Otra de las razones la mencionábamos al principio, cuando hablábamos de la gran cantidad de
legislación dispersa que se está creando y que dificulta la construcción de un movimiento que
confronte no una ley, o un plan, sino muchos planes, decretos, leyes, regulaciones, normativas... que
afectan a la docencia, a la investigación, a la transferencia del conocimiento, a la financiación...
En concreto, los frentes que actualmente consideramos como los principales donde se debería
actuar son la competitividad entre universidades muy ligada a la financiación y al nuevo modelo de
Financiación del Sistema Universitario que se está elaborando, muy relacionado con el proyecto
Campus de Excelencia Internacional y con la recientemente aprobada Ley de Ciencia, Tecnología e
Innovación y las propuestas de modificación de la gestión de instituciones de Educación Superior,
que se ha venido denominando Gobernanza.
Tampoco debemos olvidar la adaptación desenfrenada
que está produciéndose en el mapa de titulaciones, ni los términos en que está organizándose la
actividad investigadora, más regida por criterios de productividad que por criterios científicos,
académicos o sociales.
Un breve repaso por estas cuestiones, nos permiten comprobar cómo las propuestas del BM que
mencionábamos al principio están perfectamente recogidas en las actuaciones del actual gobierno
del PSOE.
El documento Estrategia Universidad 2015, cuyo punto de partida es el pleno desarrollo
del EEES y que fue aprobado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en enero de 2009 y asumido
por el Ministerio de Educación cuando éste recuperó la competencia de educación superior, es la
evidencia de esta afirmación.
La EU2015 tiene como leit motiv la modernización de las Universidades y se centra en una parte muy
importante en la introducción de una nueva “misión” de la Universidad (además de la investigación y
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la docencia): la transferencia del conocimiento. En aplicación del modelo poshumoldtiano,
desaparece de un plumazo todo lo relativo a formación o educación (y cuando decimos todo es todo)
y cobra un papel central la explotación del conocimiento por parte de las empresas. Ésta es la
modernización que se busca, conseguir transformar las Universidades en departamentos de I+D que
posibiliten a las empresas aspirar todos los recursos que ofrece el sistema público, sin ningún tipo de
contrapartida.
Éste es el camino para utilizar a las Universidades como motor de la economía que tan
en boga está desde la aprobación de la Ley de Economía Sostenible.
Pero evidentemente, ahí no caben todas las universidades. La actual política del Gobierno, a través
del Programa Campus de Excelencia Internacional (CEI), se propone seleccionar y potenciar unas
pocas universidades hiperespecializadas en determinados ámbitos de investigación, contribuyendo a
la mejora de la competitividad y posibilitando “competir con garantías en la economía global del
S.XXI”. Para ello, elimina el sistema de financiación actual y se establece una jugosa, pero sobre
todo necesaria, partida (en total, más de 200 millones de € en su primera edición) que se distribuye
entre los proyectos catalogados como de excelencia.
Evidentemente la trampa vuelve a estar en los criterios, que imponen a la Universidad la selección de
un determinado ámbito de investigación para que sea potenciado por encima del resto de la actividad
universitaria y puesto al servicio de las necesidades del tejido productivo, estableciendo como
prioridad la asociación (financiación privada en base a convenios) con empresas pertenecientes a
sectores productivos estratégicos. Quizás se entienda mejor si explicamos que un proyecto de
Campus de Excelencia que presente como línea de investigación central la biotecnología, reflejando
la asociación entre uno o varios departamentos con las empresas del sector, obtendrá muchos más
puntos que un proyecto cuya línea de investigación central sea el cuestionamiento del sistema
carcelario.
De esta manera, con los criterios que establece el proyecto Campus de Excelencia Internacional, se
consigue que las empresas no sólo decidan dónde invertir su dinero sino que adquieran la potestad
para decidir dónde va a invertir el Estado.
En el otro lado, las Universidades sin la financiación básica cubierta no encuentran otra salida que la
lucha por la subvención y así, dispuestas a venderse al mejor postor o al crédito menos abusivo,
pretenden competir en des-igualdad de condiciones con las Universidades que, de partida, se saben
ganadoras. La consecuencia es clara: una brecha cada vez mayor entre universidades de primera y
de segunda. Las de primera, bien situadas internacionalmente, con prestigio, reconocimiento y
líneas de investigación, emergentes o consolidadas, siempre bien financiadas.
Las de segunda,
universidades endeudadas, con problemas para pagar hasta los salarios, con planes específicos de
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endeudamiento, con infraestructuras cada vez más deterioradas y obsoletas y con recortes para los
grupos de investigación, pero eso sí, convencidas de que la competitividad es la mejor de las
maneras para organizar el sistema universitario.
Una vez más, el mercado pone a cada cual en su
sitio.
Curiosamente, estamos hablando de la puesta en práctica de las principales propuestas del BM por
las que apuesta explícitamente el Gobierno español: la diferenciación de las instituciones de
educación superior -uno de los principales objetivos del CEI y requisito, como veíamos, de la
creación de un mercado de la educación- y un incremento de la financiación del sistema universitario
a través de la diversificación de las fuentes, es decir, introduciendo la financiación privada.
Ésta es la
autonomía permitida por el poder, autonomía que ineludiblemente llevará a las Universidades
dependencia absoluta de los intereses empresariales o, en el mejor de los casos, a una investigación
crítica residual.
No es alarmismo, es la consecuencia lógica de las políticas aplicadas. Tampoco es fruto de la
imaginación sino que es simplemente fruto de la comparación con los resultados conocidos de las
mismas políticas en otros muchos países.
En este escenario, la resistencia y confrontación de estas políticas se convierte en compromiso
irrenunciable al que estamos obligados, no sólo desde espacios académicos, sea de estudiantes,
profesorado o personal de administración y servicios, sino también desde los múltiples espacios de
organizaciones sociales. Porque la educación superior, la construcción de conocimiento o los
intereses a los que éste sirva son cosa de todos. En esas estamos, y en esas seguiremos.
7 de abril 2010
[Texto original]: La mercantilización de la educación superior en Europa
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